La JUSTIFICACIÓN expresada por EH Bildu es puro cinismo político: en esa JUSTIFICACIÓN, EH Bildu pretende repartir culpas, mezclar lo que ellos llaman “diferentes expresiones de violencia”, defender la teoría del conflicto político que legitima a ETA y, finalmente, justificar la violencia terrorista de ETA. 
Esto es lo que básicamente hace EH Bildu en la justificación de su iniciativa: pretender justificar y, por tanto, pretender exculpar a ETA. Viene a decir algo así como lo siguiente: ETA fue sólo una más de las violencias que hemos vivido en Euskadi, y es culpa de todos que se produjera, porque, en lugar de enfrentarse a ella como muchos ciudadanos hicimos, teníamos que haberles dado la razón: de ese modo habríamos evitado sus asesinatos. 
Sin embargo, los demócratas sabemos que EH Bildu miente: y miente para blanquear su historia, porque sabe que ellos son corresponsables de la violencia que ETA desplegó y ellos apoyaron, haciéndola por tanto posible, contra una parte de la sociedad vasca. 
Hoy en Euskadi es indispensable decir y contar la verdad, para que no tengan éxito quienes pretenden confundir y engañar. Hoy en Euskadi es indispensable decir y contar la verdad e lo ocurrido en Euskadi y en el resto de España durante las últimas décadas y, en concreto, el hecho fundamental, esto es, la pretensión de la banda terrorista ETA de imponer su proyecto político totalitario al conjunto de la sociedad, utilizando para ello el asesinato, la extorsión y el secuestro. 
Hoy en Euskadi es fundamental contar la verdad y utilizar el verbo apropiado porque hay demasiada gente que pretende un doble objetivo:
 -      Por un lado, que se olviden cuanto antes las fechorías de ETA y lograr de este modo impunidad para los criminales; 
-      Por otro lado, que su historia inventada sea aceptada como cierta o real. 
Por tanto, parto de un propósito básico: recordar fielmente lo ocurrido para, a partir de ahí, construir el mejor futuro posible, sin ETA, sin impunidad y sin cambalaches antidemocráticos. 
Durante décadas, hemos sufrido el terrorismo perfectamente discriminado de ETA. Un terrorismo que ha provocado más de 850 asesinatos, miles de heridos y chantajeados e incontables ciudadanos expulsados del lugar donde querían vivir. En ese repugnante quehacer diario, Herri Batasuna, Batasuna, EHAK y el resto de marcas de la llamada “izquierda abertzale” han sido las acompañantes leales y fieles de la organización terrorista, los voceros de los delincuentes, los servicios auxiliares de la banda, los que justificaron y nos “explicaron” cada uno de los asesinatos, los que gritaban “ETA mátalos” frente a nuestras manifestaciones, los cómplices voluntarios de la estrategia etarra para alcanzar el poder y excluir a los no nacionalistas. 
ETA ha sido y es una organización mafiosa extraordinariamente cruel. Ha asesinado a militares, a guardiaciviles, a policías nacionales y a ertzainas. Ha asesinado a hombres, mujeres y niños. Ha asesinado a empresarios, trabajadores, jubilados, personas en paro, periodistas, catedráticos y representantes políticos no nacionalistas. ETA ha asesinado y atacado a todos aquellos que se interpusieron entre la banda terrorista y sus objetivos. ETA asesinó el 12 de julio de 1997 a Miguel Ángel Blanco, de menos de 30 años, tras tenerlo dos días secuestrado, atado de pies y manos. ETA asesinó el 30 de enero de 1998 a Alberto Jiménez-Becerril, de 37 años, y a su esposa Ascensión García Ortiz, de 39 años, dejando huérfanos a tres niños de cuatro, siete y ocho años. Centenares de historias como éstas podíamos contar… y todas ellas los servicios auxiliares de ETA las justificaron. 
Durante años los demócratas perfeccionamos los instrumentos del Estado de Derecho con el objetivo de derrotar a quienes pretendían imponernos un proyecto político a sangre y fuego. Se perfeccionó la lucha contraterrorista, se perfeccionó la colaboración con Francia, se perfeccionó la legalidad vigente y la política penitenciaria… y parte de la sociedad, quitándose el miedo, fue saliendo a la calle, no solamente a llorar, sino a defender sus derechos políticos y ciudadanos. 
Cuando se optó por defender sin complejos el Estado de Derecho, fuimos bien. Cuando se defendió la negociación con ETA o cuando se defendieron políticas de confraternización con los terroristas, fuimos mal. Cuando se aprobó la ley de partidos y la ilegalización de todas aquellas formaciones políticas que no tenían otro objetivo más que acompañar a la banda, fuimos bien. Cuando se les legalizó, fuimos mal. 
Esas medidas y el discurso de defensa de los principios democráticos defendido por algunos representantes políticos y por diversos intelectuales y por centenares de ciudadanos que decidieron mantener la dignidad por encima del miedo… hicieron posible que lográramos ensanchar los espacios de libertad en el País Vasco.   
El 20 de octubre de 2011, ETA anunció “el cese definitivo de la actividad armada”, a través de un comunicado amenazante y plagado de mentiras. En todo caso, anunció “el cese definitivo de la actividad armada”… y continuó el proceso político-judicial claramente precipitado y equivocado consistente en legalizar a su brazo político. 
A día de hoy, y no nos cansaremos de repetirlo, ETA sigue viva y amenazante, emite comunicados, no se ha disuelto, no ha entregado las armas, no ha pedido perdón público por sus crímenes, no ha mostrado arrepentimiento y no colabora con la Justicia para resolver los 326 crímenes pendientes de esclarecimiento. Realmente, y esto es algo obvio, la banda pretende seguir condicionando las decisiones de los partidos políticos y el futuro de todos nosotros. 
AMAIUR, BILDU, EHB y SORTU se hicieron legales, aunque en absoluto democráticos, y obtuvieron (los tres primeros) buenos resultados tanto en las elecciones municipales y forales de 2011, logrando la alcaldía de San Sebastián y el gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en las nacionales de finales de 2011 (6 diputados) y en las últimas autonómicas vascas (21 escaños de un total de 75). 
A día de hoy, e independientemente de cuánta gente les vote, incumplen claramente la ley de partidos, la doctrina constitucional y las distintas sentencias del TEDH. Siguen sin condenar la historia criminal de ETA y siguen sin exigir su disolución definitiva e incondicional. No hace mucho, la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, criticó la detención de delincuentes miembros de la banda terrorista, con la argumentación de que la actuación policial y judicial contra ellos es un obstáculo para alcanzar la “paz”. Obviamente, continúan defendiendo los intereses de la banda: hacen política en los parlamentos (aquí los tenemos) y defienden la impunidad de los criminales.
El tratarlos como si fueran demócratas les envalentona. Dialogar y pactar con ellos como si fueran como nosotros, es un grave error, se produzca donde se produzca: en este parlamento, en la Diputación Foral de Gipuzkoa o en el Ayuntamiento de Vitoria.
En Euskadi hay muchos conflictos políticos. Uno puede ser nacionalista, independentista, autonomista o centralista. Uno puede ser de derechas o de izquierdas. Uno puede ser más progresista o menos. En eso consiste la democracia:en defender, con la voz y con la palabra, las ideas en las que uno cree.
Y los conflictos se van o no resolviendo en función de las mayorías y de las minorías parlamentarias, en función del debate político y de las propuestas que cada cual pueda defender… siempre que sean propuestas democráticas y sean defendidas de manera democrática. 
Otra cosa distinta es el terrorismo de ETA, que no tiene otro objetivo más que imponer su proyecto político totalitario y acabar con la democracia. Y lo que no puede ser aceptado como normal es que haya quien continúe justificando las acciones criminales de ETA. Y a día de hoy, EH Bildu sigue justificando las acciones criminales de ETA. No exige a la banda su disolución definitiva e incondicional. O habla de “presos políticos”, que es una forma de decir que los presos de ETA encarcelados no deberían seguir presos, es decir, son inocentes, es decir, o no cometieron delitos o sus crímenes estuvieron bien. 
En España, no hay presos políticos. Y quien diga que los presos de ETA son presos políticos, está justificando a ETA. Los presos políticos son quienes están en las cárceles por defender unas ideas, y los presos de ETA no están en las cárceles por defender unas ideas, sino extorsionar, amenazar, asesinar o pertenecer a banda terrorista, es decir, están en las cárceles por delitos perfectamente tipificados en el Código Penal. Insisto: en España, no hay presos políticos. Y quien diga que los presos de ETA son presos políticos… está justificando a ETA. 
Creo, tal como escribía hace unos meses Pedro Larrea, que “ETA ha perdido la batalla operativa, pero la lucha continúa; queda la más crucial de las peleas: es el combate hermenéutico, el enfrentamiento entre los diversos relatos que ya hoy circulan en el seno de la sociedad vasca”. Nos toca recordar que “los crímenes cometidos por ETA no han sido la consecuencia fatal de un conflicto secular irresuelto”, tal como pretenden hacernos creer y vender los representantes de la “izquierda abertzale” sino “el resultado de un proyecto político totalitario”. 
Y nos toca recordar la verdad de los hechos y trabajar a fondo y lo más unidos posibles para derrotar definitivamente a ETA y su proyecto político antidemocrático, hacer justicia, impedir que sea posible ningún tipo de impunidad, evitar todo cambalache antidemocrático o negociación política y defender la dignidad de la sociedad. 
Hoy UPyD vuelve a pedir un pacto político democrático para que los demócratas unidos nos neguemos a dialogar o acordar nada con EH Bildu mientras no condene a ETA y mientras no exija su disolución incondicional. No podemos permitir un atisbo de impunidad ni bajar los brazos… ni aceptar la falsa idea del conflicto político como elemento justificador de las fechorías cometidas por ETA. No podemos tragarnos la mentira de que aquí hubo algo así como dos bandos enfrentados que ejercieron violencia ilegítima de modo semejante y que provocaron víctimas iguales o parecidas en el bando contrario, tal como EH Bildu pretende. 
Tal como recientemente escribía Josu Ugarte, de Bakeaz, “debemos enfrentarnos al riesgo de pasar página, del negacionismo o de la banalización de los efectos no visibles de la violencia terrorista que perviven emboscados en discursos, acciones y tics políticos”. 
En palabras de Kepa Aulestia, “las instituciones vascas están obligadas a elegir entre una paz que cargue la responsabilidad sobre los hasta ahora violentos o una convivencia que les libre de culpa. Los términos medios serán siempre favorables a la justificación retrospectiva de la trayectoria etarra”. En todo caso, puntualizo que no es paz a lo que aspiramos, porque no hubo aquí ninguna guerra, sino al respeto de nuestros derechos individuales y a la libertad. 
Tal como descarnadamente escribía Iñaki Unzueta hace unas semanas, “los constitucionalistas tenemos serios motivos para estar preocupados”. Explicaba Iñaki Unzueta en ese artículo que en el nacionalismo radical no hay un reconocimiento moral de las víctimas y que “perseveran en el negacionismo. El objetivo es enmascarar, difuminar la frontera entre víctimas sin hacer justicia a lo acontecido. El nacionalismo radical persiste en un proyecto político que obtura la pluralidad de metas y excluye a un parte de la población”. 
No hace mucho, Pernando Barrena utilizó el término “suceso” para referirse al asesinato de Ernest Lluch, lo cual demuestra su catadura moral y que su rechazo de aquel atentado – pero no del resto- es profundamente falso e hipócrita. 
No hace mucho, Hasier ARRANZ, presidente de SORTU, afirmó que ETA es consecuencia de un conflicto político, que es como justificar a ETA, y Laura Mintegi, la semana pasada, volvió a hacerlo, al decir que Fernando Buesa fue “muerto por causas políticas evitables”, “por no haber habido suficiente diálogo”, que es como decir que Fernando Buesa fue culpable de su propia muerte. Como explicaba perfectamente este martes pasado José María RUIZ SOROA en un artículo de opinión, según Laura Mintegi, “la culpa no es del asesino, sino de todos los que no quisieran dialogar con él para solucionar su conflicto, víctima incluida”. Cualquier cosa antes que condenar a ETA. 
Lo cierto es que los representantes políticos de ETA siguen sin condenar a la banda. Siguen sin pedir perdón público (los asesinatos fueron públicos y sus justificaciones fueron públicas, no lo olvidemos) y sin admitir su complicidad en los más de 850 asesinatos cometidos por ETA. Pretenden confundirlo todo y salir impunes. Quieren lavar su terrible historia de terror y violencia. Quieren maquillar su pasado cómplice. 
A nosotros nos toca desenmascararlos a ellos y sus mentiras. Lo cual exigirá un esfuerzo militante que rechace admitir sus historias inventadas y los hechos tergiversados, hasta lograr que se haga justicia y sean derrotados los criminales y sus ideas criminales. 
No puede producirse en ningún caso un injusto empate moral: que de ningún modo sea lo mismo haber asesinado que haber sido asesinado. 
Por tanto, debemos seguir dando la batalla, como siempre la hemos dado. Es un inmenso error que hoy estén en las instituciones los representantes políticos de ETA, y que estén sin haber condenado y sin haber deslegitimado el asesinato de sus conciudadanos. 
Tal como apuntaba Rogelio Alonso hace unos meses, “Estado y sociedad debemos oponer la resistencia precisa a cualquier tipo de impunidad”. Se trata de, como siempre, defender la democracia y la dignidad de la sociedad, incluidas obviamente las víctimas del terrorismo. 
UPyD comparte los “principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad” planteados en su momento por la Fundación de Víctimas del Terrorismo y otras asociaciones. De hecho, son los principios básicos que nuestros “padres fundadores” defendieron contra viento y marea durante años, en tiempos en que consejeros del Gobierno Vasco llamaban a neutralizar a los miembros de BASTA YA… miembros que se manifestaban para defender la legalidad vigente y el Estado de Derecho, es decir, la democracia, es decir, lo que ETA pretendía y pretende destruir.  
No fueron las negociaciones de Argel, los pactos de Lizarra o las conversaciones de Loyola los instrumentos que debilitaron a ETA, tampoco los GAL o la guerra sucia,sino la aplicación estricta de la legalidad vigente, incluida la ley de partidos, la colaboración internacional, la movilización social y las actuaciones policiales y judiciales. Se trata de perseverar en ello. 
Debemos resistirnos “a la impunidad judicial o histórica“. Es decir, que, frente a lo que piensan algunos, detener a delincuentes es una práctica muy sana y muy necesaria y detener a los delincuentes de ETA… una práctica aún mejor. Ciertamente, “las víctimas de ETA no tienen competencia para diseñar ni ejecutar las políticas de los gobiernos“, tal cosa corresponde a los representantes legítimos de los ciudadanos, pero tienen y deben tener voz y voto, y todo el derecho a hablar alto y claro, manifestarse, protestar y opinar, por cuanto son ciudadanos de pleno derecho. Estas víctimas tienen una “dimensión pública“, porque los asesinados fueron asesinados para implantar un determinado proyecto político y para suplantar a la sociedad, por lo que “escribir una petición de perdón” privada para acceder a beneficios penitenciarios no puede ser en absoluto suficiente.
 ”Es necesario que exista una satisfacción pública y política del daño causado“. ¿Cómo? “El arrepentido da un paso firme en pro de su reinserción, no un mero desenganche de la banda a la que pertenecía sin cuestionar nada de lo hecho“.  
Nuestra opinión es que el Gobierno de España, en el desarrollo y aplicación de la política penitenciaria que aplique a los presos condenados por terrorismo, debería condicionar el acceso a planes de reinserción o la obtención de beneficios penitenciarios el cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes requisitos por parte del preso:
 -      Desvinculación definitiva y pública de la banda.
 -      Petición de perdón público a las víctimas y a la sociedad por sus actos delictivos.
 -      Asunción de la responsabilidad civil derivada de las acciones por la que fue condenado.
 -      Y colaboración con las autoridades y a Justicia para la resolución de los delitos terroristas no resueltos.
Queremos que la colaboración con la JUSTICIA sea exigible a siempre a los presos que soliciten acercamiento o cambio de grado o cualquier ventaja del régimen penitenciaria. Queremos que la Ley Penitenciaria se aplique de manera estricta, no laxa.  
La necesaria reprobación y condena de la historia de ETA es una exigencia y condición democrática básica. Tal condena debe ser exigida como uno de los mínimos, sin cuyo cumplimiento no es posible ni reinserción particular alguna, ni participación alguna en el juego democrático. Es decir, deben condenar la historia criminal de ETA.
Existe en la opinión pública vasca la tentación de pedir a las víctimas del terrorismo “generosidad”, instándoles a que sacrifiquen sus legítimas reclamaciones y renuncien a su justa reivindicación de justicia. Esta petición es una forma de chantaje moral.  
Es habitual escuchar a determinados opinadores públicos decir que les preocupa y mucho la radicalidad de las víctimas del terrorismo mientras dicen confiar en los pasos dados por SORTU. Pues bien: esa radicalidad que esta gente censura es la búsqueda de la justicia que UPyD defiende.  
Son los terroristas y los portavoces políticos de los terroristas los que deben aceptar nuestras normas, asumir nuestras reglas, cumplir nuestras leyes y respetar, con la palabra y con los hechos, nuestra Constitución Española y nuestro Estatuto de Gernika. Son ellos quienes deberán aceptar nuestro modelo de sociedad y nuestro Estado de Derecho, lo que precisamente hemos defendido durante años frente a ellos. Y, para terminar: “en un modelo que tolera dosis de impunidad, el pretendido apoyo a las víctimas del terrorismo se convertiría en un grotesco sarcasmo, por mucho que se utilizasen con éxito fórmulas retóricas, propagandísticas y de control mediático que lo enmascarase“.
Para ir terminando, ustedes están enfrascados en la constitución y puesta en marcha de la PONENCIA que ustedes llaman “para la Paz y la Convivencia”. Reiteramos que UPyD no participará, tal como ya dijimos el año pasado. Por tanto, no sólo porque participe EHB sino, sobre todo, porque no tiene como objetivo derrotar a ETA y deslegitimar sus ideas.  
Se llama al foro “Ponencia para la Paz y la Convivencia”. Ante esto, cabe recordar, por un lado, a los proponentes del foro parlamentario y, en general, al conjunto de la Cámara, que no estamos en guerra. Y, por otro lado, que la convivencia no es otra cosa que el Estado de Derecho y el respeto a la legalidad vigente, empezando por la Constitución española. En segundo lugar, debemos decir muy claramente que esta Ponencia parlamentaria no tiene como objetivo ni la derrota incondicional y definitiva de la banda terrorista ETA ni la deslegitimación de la violencia. Tiene como objetivo hablar de los asuntos que interesan a la “Izquierda Abertzale”, cosa, obviamente, muy distinta.  
Nosotros ya dijimos que no apoyaríamos ni ponencias ni iniciativas que tuvieran como objetivo fundamental hablar de lo que interesa a Batasuna o resolver sus problemas.  Es decir, no vamos a asumir dócilmente su agenda ni sus reivindicaciones históricas. No somos los demócratas quienes debemos acercarnos a las posiciones de los que siguen sin respetar la democracia, son ellos los que deben aceptar nuestra legalidad vigente, nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. No hay que inventarse nada extraordinario para defender la libertad y la convivencia. No hay que caminar por caminos que discurran fuera de la normalidad democrática. No debemos asumir como propia la agenda de la “Izquierda Abertzale”.  Y esa Ponencia pretende que todos asumamos la agenda de Batasuna, es decir: 
-       el acercamiento a Euskadi de los presos de ETA;
-       la excarcelación de los presos enfermos de ETA;
-       la flexibilización de la política penitenciaria que afecta a los presos de ETA;
 … y mezclar a las víctimas del terrorismo con otras víctimas o supuestas víctimas, para mezclarlo todo y apuntalar la falsa teoría del conflicto político.
Insisto, para ir terminando: no hay que inventarse caminos que discurran fuera de la normalidad democrática. Nuestras obligaciones como representantes políticos son obvias: defender la legalidad vigente y el Estado de Derecho y proponer cada cual las reformas legales que considere, defendiendo siempre y exclusivamente la voz y la palabra. La única paz que queremos es la del Estado de Derecho y la democracia.  
UPyD no quiere fomentar esa mentira, por lo que les dejamos a ustedes solos en ese despropósito. 
Oraindik ez dugu ETAren porrota lortu. Hori da guretzat inportanteena momentu hauetan: ETA garaitu eta benetako askatasuna lortu. Ta memoria, duintasuna eta justizia defendatu. ETA baldintzarik gabe eta betirako desagertzea, armak ematea, barkamena eskatzea, egindako mina aitortzea, hori guztia da lortu behar duguna. Eta, batez ere, bere porrota. Eta horretarako zuzenbideko estatua eta legaltasuna defendatu behar dugu, hau da, ETA suntsitu nahi duena. Alderdi politiko demokratikook zigorgabetasunik gabe, xantaiarik gabe eta gezurrik gabeko ETAren amaiera lortu behar dugu.  
La derrota de ETA no la hemos logrado aún. En esto debemos concentrarnos. Nuestra tarea, más que liarnos en lo que sólo a ellos interesa, es exigir a ETA que se disuelva incondicionalmente y para siempre, que entregue las armas, que pida perdón, que reconozca el daño causado y que colabore con la Justicia para aclarar los más de 300 crímenes que siguen sin estar resueltos.  
Los partidos políticos democráticos deberíamos concentrarnos y centrarnos en defender un final de ETA sin medidas de gracia, sin impunidad, sin enjuagues antidemocráticos, sin chantajes, sin mentiras, con memoria y con verdad.

¿CUÁNTOS CIUDADANOS Y QUÉ POLÍTICOS SE MANIFIESTAN CLARA E INEQUÍVOCAMENTE DEMOCRÁTICOS, SOLIDARIAMENTE CON UPyD Y CON QUIEN HAGA FALTA, SIN HACER DISTINCIONES NI EXCEPCIONES, SIEMPRE Y EN CUALQUIER CASO O LUGAR?
Poquitos ciudadanos y ningún político de La Casta.