El saqueo sistemático de los fondos públicos a que el socialismo andaluz, político y sindical, se ha dado con fruición evoca a los que peinaríamos canas si la alopecia nos hubiera respetado los gloriosos tiempos del felipismo, cuando casi todas las instituciones políticas españolas estaban en manos de los paladines del progreso. Los casos más sonados han ocupado ya su lugar en los anales de la corrupción, con el asalto a la caja de los huérfanos de la Guardia Civil del socialista Roldán como epítome de lo que los políticos progresistas pueden llegar a dar de sí; pero lo que caracterizó aquella época no fue la concurrencia de una retahíla de golfos y aluniceros dedicados al robo con coche oficial, sino la naturalidad con que se aceptaba la existencia de los mecanismos administrativos que hacían posible tan salvaje latrocinio.
La confusión interesada entre sindicato, partido y administración que vemos en Andalucía es lo mismo que se vivió en el resto de España hace tres décadas, especialmente en los inicios del Estado Autonómico, cuando las hordas de progreso tomaron al asalto prácticamente todas las comunidades gracias a la mayoría absoluta obtenida en las primeras elecciones del sector. Yo, que era funcionario autonómico a mediados de los ochenta del siglo pasado (por oposición, no confundamos), asistí a espectáculos asombrosos, como que el criterio para decidir el reparto de unas subvenciones lo decidiera un empleado de la escala más básica (contratado laboral a dedo), porque se daba la circunstancia de que era un personaje importante dentro de la principal agrupación del PSOE local. Lo mismo ocurría con los compañeros de la UGT, sindicato hegemónico en los primeros tiempos del engendro autonómico, cuyas decisiones en materia de personal iban directamente al boletín oficial sin mayores miramientos. La creación de un entramado de entidades públicas para evitar los controles administrativos de las decisiones de mayor enjundia, como ha venido haciendo la Junta de Andalucía en la última década, fue también un invento de la época. La propia Magdalena Álvarez lo reconoció ante la juez Alaya cuando dijo que la creación de un fondo de reptiles no había sido idea suya, sino que se había limitado a "trasponer" una política nacional. En eso, al menos, no mintió.
A la juez Alaya le toca bregar ahora con el último reducto de felipismo en su más acabada expresión gracias a tres décadas y media de perfeccionamiento continuo. Los cambios de gobierno operados en el resto de comunidades autónomas contribuyeron a sanear el ambiente y a suprimir comportamientos viciados que hasta entonces eran la norma habitual. En Andalucía, en cambio, el tiempo se ha detenido. Hay que tener alayas para investigar la corrupción institucional en una comunidad autónoma convertida ya en parque temático para estudiantes de antropología y derecho administrativo.
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